Trump firma la ley Lindsey Graham con sanciones a Rusia e Irán, incluyendo medidas por la deportación de niños ucranianos

Por qué importa

La ley traslada los supuestos de sanción por deportación forzada de niños ucranianos de los decretos ejecutivos al texto legal, lo que dificulta que una futura administración estadounidense pueda revertirlos. Además, la responsabilidad ya no se limita a los ejecutores directos: alcanza a funcionarios, estructuras de tutela, transportistas, intermediarios y cargos que firmaron documentos del proceso. La norma incorpora la cuestión de los niños deportados al mismo instrumento que las sanciones económicas sobre el petróleo, los bancos y la industria de defensa rusos, convirtiéndola en parte integral de la presión sobre Moscú. Las autoridades ucranianas presentaron la firma como un triunfo diplomático bipartidista de gran alcance.

Qué ha ocurrido

El 18 de septiembre de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump firmó la ley H.R. 5334 — Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 —, aprobada con apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso tras su paso por la Cámara de Representantes el 16 de septiembre. Por primera vez, el texto codifica a nivel legislativo las sanciones por la deportación forzada de niños ucranianos, hasta ahora sustentadas en decretos ejecutivos. Las sanciones se aplican no solo a los ejecutores directos, sino también a funcionarios, instituciones, estructuras de tutela, transportistas, intermediarios y cualquier persona que haya organizado, financiado o documentado el proceso. El estándar de «conocimiento» no exige demostrar intención directa: basta con que la persona supiera de sus actos y sus consecuencias. Las violaciones graves de derechos humanos cubiertas incluyen desplazamientos forzosos, desapariciones forzadas, detención ilegal, tortura y deportación forzada de niños.

El paquete de sanciones tiene dos componentes: el bloqueo total de activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones migratorias, incluida la prohibición de entrada a EE. UU. y la revocación inmediata de visados existentes. Las violaciones acarrean responsabilidad civil y penal.

La ley también establece que, 30 días después de su entrada en vigor, EE. UU. impondrá aranceles adicionales de hasta el 100% a los productos de los cinco mayores compradores de petróleo o gas ruso que sigan realizando nuevas compras, y a los países que más faciliten la elusión de las sanciones contra Rusia. Permite además aranceles de hasta el 500% a bienes importados directamente desde Rusia, prohíbe nuevas inversiones estadounidenses en el país y restringe las operaciones con deuda soberana rusa y los giros de fondos a autoridades y funcionarios rusos. Al mismo tiempo, otorga al presidente estadounidense amplias facultades para establecer excepciones por motivos de seguridad nacional.

Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas

Las fuentes ucranianas destacan principalmente el ángulo de derechos humanos y presentan la codificación de las sanciones por deportación de niños como el logro central de la ley. La cobertura se centra en las reacciones de funcionarios ucranianos: Zelenski agradeció a Trump; Sibiga calificó la jornada como «verdaderamente histórica»; el defensor del pueblo Lubinets celebró la ampliación de los supuestos de sanción; y Maksym Maksymov, de Bring Kids Back UA, enfatizó que la responsabilidad por la deportación de niños «tiene un precio» a nivel legislativo. Los artículos subrayan que la disposición sobre deportación de niños figura en el mismo texto que las sanciones al petróleo, los bancos y la industria de defensa rusos, lo que la convierte en una herramienta de presión integral y no en un apartado humanitario separado. La prensa ucraniana recoge además el llamado de Sibiga a «acciones decisivas» paralelas por parte de socios de la UE y del G7, expresando expectativas de mayor alineación occidental.

Dónde difieren las versiones

Las fuentes ucranianas no coinciden en las cifras de niños devueltos y deportados: el defensor del pueblo Lubinets citó 2.590 niños regresados y más de 20.000 deportados o reubicados forzosamente, mientras que otras publicaciones manejan 2.274 regresados y 19.500 deportaciones confirmadas. También varía la fecha atribuida a la aprobación en la Cámara de Representantes: la mayoría de las fuentes indica el 16 de septiembre, aunque una de las formulaciones la sitúa entre el 16 y el 17 de septiembre.

Contexto

El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional de La Haya dictó órdenes de arresto contra Vladímir Putin y María Lvova-Belova por la deportación ilegal de niños ucranianos. Las autoridades ucranianas han confirmado la deportación ilegal de 19.500 niños desde los territorios temporalmente ocupados hacia Rusia, y hasta junio de 2026 habían logrado el regreso de 2.274 de ellos. En mayo de 2026, el Reino Unido sancionó a 85 ciudadanos rusos —29 de ellos vinculados a la deportación forzada, la ideologización y la militarización de niños ucranianos— y al campamento «Songdowon» en Corea del Norte. En julio de 2023, la Fiscalía General de Ucrania abrió una investigación sobre la participación de la Cruz Roja bielorrusa en la deportación de menores. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el proyecto Graham el 16 de septiembre (algunas fuentes mencionan el 16–17 de septiembre), y la ley lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham.