Rusia pide a Países Bajos la extradición de la presidenta de la Corte Penal Internacional

Por qué importa

La solicitud de extradición marca una nueva fase de la confrontación de Rusia con la CPI y sus Estados parte: tras las órdenes de arresto de 2023 contra Putin y Lvova-Belova, Moscú abrió causas penales contra jueces y fiscales, dictó condenas en ausencia y ahora reclama la entrega de la jefa del órgano. La medida se enmarca además en una presión más amplia contra la CPI, a la que también Estados Unidos ha sancionado, debilitando la arquitectura internacional de justicia penal.

Qué ha ocurrido

La Fiscalía General de la Federación Rusa remitió a las autoridades de Países Bajos una solicitud de extradición de la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane. En el marco de la misma operación, Rusia envió solicitudes análogas a otros países para conseguir la entrega de ocho personas adicionales vinculadas a la CPI, entre ellas el exfiscal jefe Karim Khan.

La medida se produce tras una escalada sostenida. En marzo de 2023 la CPI emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin y la comisionada rusa para los derechos de la infancia María Lvova-Belova por la deportación ilegal de menores desde territorios ocupados de Ucrania hacia Rusia. En represalia, el Comité de Instrucción y el Ministerio del Interior de Rusia abrieron causas penales contra el fiscal Khan, los jueces Rosario Salvatore Aitala, Sergio Gerardo Ugalde Godínez y Haykel Ben Mahfoud, y contra Akane y otros funcionarios del tribunal, por artículos relativos a «someter a responsabilidad penal a una persona manifiestamente inocente» y «ataque contra un representante de un Estado extranjero». Tribunales rusos dictaron órdenes de arresto en ausencia y colocaron a los jueces en listas de busca internacionales mientras La Haya emitía nuevas órdenes, entre ellas contra el exministro de Defensa ruso Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor General Valeri Gerásimov. El 12 de diciembre de 2025 el Tribunal Municipal de Moscú condenó en ausencia a nueve personas a penas de entre 3,5 y 15 años de prisión.

La información sobre la solicitud de extradición fue publicada por The Japan Times. El Gobierno japonés, a través del vicesecretario jefe del Gabinete Masanao Ozaki, calificó las medidas como «injustas e inaceptables» y anunció nuevas protestas diplomáticas. La primera ministra Sanae Takaichi reiteró el apoyo de Japón a la CPI.

Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas

Los medios ucranios enmarcan la solicitud de extradición como un nuevo capítulo de la escalada de Rusia contra la CPI, situándola como represalia directa por la orden de arresto de marzo de 2023 contra Putin por la deportación de niños ucranianos y por las anteriores causas penales y condenas en ausencia dictadas por tribunales rusos contra sus funcionarios.

Cómo lo cuentan las fuentes internacionales

La reacción japonesa, que calificó la medida rusa como inaceptable y prometió nuevas protestas diplomáticas, sitúa el episodio como una vulneración de la independencia de la justicia internacional y un desafío a los Estados parte del Estatuto de Roma, en línea con la posición tradicional de Tokio de respaldo a la CPI.

Contexto

La CPI emitió el 17 de marzo de 2023 órdenes de arresto contra Vladímir Putin y María Lvova-Belova por la deportación de menores ucranianos hacia Rusia. Putin puede ser detenido en los 123 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma; pese a ello, Mongolia, firmante del tratado, no lo detuvo durante una visita oficial en septiembre de 2024. En agosto, Estados Unidos sancionó a la presidenta de la CPI Tomoko Akane y al fiscal Abdoulaye Seye, y en septiembre se conoció que la administración de Donald Trump preparaba sanciones contra toda la CPI en respuesta a la investigación sobre supuestos crímenes de guerra de militares estadounidenses en Afganistán.