Ucrania: un ex alto cargo de la Presidencia admite culpa por el «combustible de Kurchenko» y pagará 1.100 millones de grivnas

Por qué importa

El acuerdo obliga a un ex alto cargo a pagar 1.100 millones de grivnas, una parte muy significativa destinada directamente a las Fuerzas de Defensa durante la guerra, y a declarar contra otros sospechosos, lo que puede abrir nuevas causas. Además, el caso está ligado a activos confiscados al entorno del expresidente fugado Víktor Yanukóvych, en el marco de los esfuerzos de larga data por recuperar recursos del estado.

Qué ha ocurrido

El Tribunal Anticorrupción de Ucrania aprobó un acuerdo de culpabilidad con Serhiy Pashynsky, ex jefe en funciones de la Administración Presidencial entre marzo y junio de 2014. Pashynsky aceptó los cargos de abuso de poder (artículo 364.2) y participación en organización criminal (artículo 255.1) y se comprometió a declarar contra otros participantes en el esquema conocido como «combustible de Kurchenko». En 2014, un tribunal había embargado unas 97.000 toneladas de carburantes importados por la empresa SEPEC, vinculada al oligarca Serhiy Kurchenko, huido del país tras la caída de Yanukóvych.

Pashynsky deberá abonar en total 1.100 millones de grivnas: 600 millones al presupuesto general del Estado en un plazo de 2,5 años, 400 millones a la fundación «Come Back Alive» (o armamento equivalente por una lista acordada) y 100 millones a la fundación «Comunidad Sternenko» en 30 días. La pena principal es una multa de 850.000 grivnas, más 17.000 grivnas adicionales y un año de inhabilitación para cargos públicos; no se aplicó el decomiso de bienes porque la previsión legal correspondiente entró en vigor en junio de 2020, después de los hechos. Si incumple las condiciones, la Fiscalía Especializada Anticorrupción pedirá la revocación del fallo y un juicio ordinario.

Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas

Todas las fuentes disponibles son ucranianas y destacan el carácter tanto punitivo como de «contribución a la Defensa»: el acuerdo impone una multa, no prisión, y dirige centenas de millones de grivnas a las Fuerzas Armadas y a fundaciones reconocidas. Varios titulares subrayan un tono crítico con Pashynsky —«no irá a prisión», «reconoció la culpa»— y enfatizan la ausencia de decomiso por un tecnicismo legal. Las piezas detallan el mecanismo del esquema: el traspaso de los carburantes a la empresa estatal Ukrtransnaftoprodukt, controlada por su socio Serhiy Tishchenko, y la reventa a precios reducidos a su grupo de compañías.

Dónde difieren las versiones

Las fuentes discrepan en las estimaciones de los daños al Estado: la Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 817 millones de grivnas el perjuicio atribuible a los actos de Pashynsky entre marzo y junio de 2014, mientras que NABU y SBU estiman en 967 millones las pérdidas totales de la organización criminal entre 2014 y 2018. Una fuente apunta que las dos cifras responden a distintos alcances del mismo esquema y no se contradicen, pero el material las presenta como objeto de disputa.

También hay divergencias sobre las obligaciones del otro procesado cuyo acuerdo se aprobó en septiembre de 2025: la mayoría de las cuentas precisan 8 años de prisión con 3 de libertad condicional, 40 millones ya transferidos a las Fuerzas de Defensa y 110 millones al presupuesto en 3 años; un reporte previo resume el caso como 150 millones pagados y una pena suspendida.

Contexto

En 2014 un tribunal embargó unas 97.000 toneladas de derivados del petróleo importados por SEPEC, vinculada al oligarca Serhiy Kurchenko, que huyó de Ucrania tras la caída de Víktor Yanukóvych. Según la investigación, el carburante fue transferido a la empresa estatal Ukrtransnaftoprodukt, entonces bajo control del socio de Pashynsky, Serhiy Tishchenko, y vendido a precios reducidos a un grupo de compañías ligado a Tishchenko. El Ministerio de Defensa habría recibido solo el 1,6 % del llamado «combustible de Kurchenko»; el resto fue carburante comprado al mismo grupo, que a su vez lo adquiría en Rusia y Bielorrusia. En 2020, un tribunal ordenó la confiscación especial a favor del Estado, pero, según los investigadores, los productos y los ingresos ya habían sido apropiados por los participantes. En febrero de 2024, NABU y SBU notificaron sospechas a seis personas, incluida Pashynsky, detenido con fianza de 272,52 millones de grivnas y liberado el 27 de febrero tras depositarse la caución. El 5 de septiembre de 2025, el mismo tribunal aprobó un acuerdo con otro implicado (8 años de prisión con 3 de libertad condicional, 40 millones ya transferidos a las Fuerzas de Defensa y 110 millones al presupuesto en 3 años).