Ihor Reiterovich
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EE. UU. y Europa avanzan hacia un plan de paz de cuatro partes para Ucrania, mientras Trump cierra un acuerdo sobre diésel con Putin
El 9 de octubre se celebró en Florida una reunión de seis horas entre los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, una delegación ucraniana y representantes del Reino Unido, Francia, Alemania, la UE y la OTAN. Paralelamente, EE. UU. y países europeos trabajan en una propuesta de paz con cuatro componentes: reconstrucción de Ucrania, garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 de la OTAN, integración económica y energética con Rusia, y un alto el fuego a lo largo de la línea de contacto actual. El mismo día, Trump anunció un pacto con Rusia sobre exportaciones de diésel ruso, que Kiev y socios europeos calificaron de «injusto y deshonesto».
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Detenido el conductor de un alto funcionario de la Fiscalía ucraniana en la operación anticorrupción 'Cartago'
El Tribunal Superior Anticorrupción (ВАКС) de Ucrania envió el 7 de septiembre a prisión preventiva a Serhiy Kutsyi, conductor del subjefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General, Serhiy Kropyva, en el marco de la operación 'Cartago' de NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), que destapó una presunta organización criminal dedicada a proteger centros de llamadas fraudulentos y blanquear capitales. Kutsyi estará detenido hasta el 3 de noviembre con posibilidad de fianza de 3 millones de grivnas. Un día antes, el mismo tribunal había arrestado al propio Kropyva con una fianza alternativa de 120 millones de grivnas, y ese mismo 7 de septiembre envió también a prisión a Yelyzaveta Ivakhnenko, pareja de Kropyva, con fianza de 20 millones de grivnas.
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El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, renuncia en medio de la investigación 'Cartago'
El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, presentó su renuncia la noche del 7 de septiembre, horas después de afirmar a la prensa que no tenía intención de dimitir voluntariamente. En un mensaje en Telegram describió la decisión como «política» y negó cualquier vínculo con la red de protección a call centers fraudulentos investigada por NABU y SAP.