Detenido el conductor de un alto funcionario de la Fiscalía ucraniana en la operación anticorrupción 'Cartago'
El Tribunal Superior Anticorrupción (ВАКС) de Ucrania envió el 7 de septiembre a prisión preventiva a Serhiy Kutsyi, conductor del subjefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General, Serhiy Kropyva, en el marco de la operación 'Cartago' de NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), que destapó una presunta organización criminal dedicada a proteger centros de llamadas fraudulentos y blanquear capitales. Kutsyi estará detenido hasta el 3 de noviembre con posibilidad de fianza de 3 millones de grivnas. Un día antes, el mismo tribunal había arrestado al propio Kropyva con una fianza alternativa de 120 millones de grivnas, y ese mismo 7 de septiembre envió también a prisión a Yelyzaveta Ivakhnenko, pareja de Kropyva, con fianza de 20 millones de grivnas.
Puntos clave
- 7 de septiembre: el ВАКС envía a Serhiy Kutsyi a prisión preventiva hasta el 3 de noviembre, con fianza alternativa de 3 millones de grivnas
- Kutsyi es el conductor de Serhiy Kropyva, subjefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General
- En los registros de NABU Kutsyi figura con el alias 'Komrad'; Kropyva, con el alias 'Kantsler'
- 4 de septiembre: NABU y SAP anunciaron la operación 'Cartago' contra una organización criminal liderada por un cargo de la Oficina del Fiscal General
- 6 de septiembre: el ВАКС detuvo a Kropyva hasta el 2 de noviembre con fianza alternativa de 120 millones de grivnas
- 7 de septiembre: el ВАКС envió también a prisión a Yelyzaveta Ivakhnenko ('Muza'), pareja de Kropyva, con fianza de 20 millones de grivnas
- NABU expuso a cinco personas por los artículos 255 y 209 del Código Penal ucraniano (organización criminal y blanqueo), con penas de hasta 15 años
Por qué importa
La operación 'Cartago' golpea el corazón de la Oficina del Fiscal General, la institución encargada de perseguir el crimen, y muestra que los organismos anticorrupción (NABU y SAP) investigan activamente a altos cargos y a su entorno. La causa tiene alcance político: salpicó al círculo del fiscal general Ruslán Kravchenko —con registros en sus despachos y en la casa que tiene alquilada— y provocó una reacción institucional interna, incluida la posible salida de siete fiscales y pruebas masivas de polígrafo. La magnitud de las fianzas —hasta 120 millones de grivnas para Kropyva y casi 90 millones de grivnas atribuidos al blanqueo— apunta a una investigación financiera de gran envergadura.
Qué ha ocurrido
El 4 de septiembre, NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) anunciaron la operación 'Cartago', que destapó una organización criminal supuestamente liderada por un cargo de la Oficina del Fiscal General que 'protegía' una red de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los beneficios. El 6 de septiembre, el Tribunal Superior Anticorrupción (ВАКС) envió a prisión preventiva al subjefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General, Serhiy Kropyva —conocido en las grabaciones de NABU como 'Kantsler'—, hasta el 2 de noviembre, con fianza alternativa de 120 millones de grivnas; se le sospecha de protección de centros de llamadas y blanqueo de más de 89,9 millones de grivnas. El 7 de septiembre, el mismo tribunal envió a prisión preventiva a su conductor, Serhiy Kutsyi ('Komrad'), hasta el 3 de noviembre, con fianza de 3 millones de grivnas —el fiscal solicitar la devolución del valor de los activos sustraídos de 20 millones—, y ese mismo día dictó prisión preventiva de 60 días para Yelyzaveta Ivakhnenko ('Muza'), pareja de Kropyva, con fianza de 20 millones de grivnas. NABU expuso a cinco personas por los artículos 255 y 209 del Código Penal ucraniano, que prevén hasta 15 años de prisión. Hacia la medianoche del 5 de septiembre, los detectives de NABU realizaron registros en los despachos oficiales que usan el fiscal general Ruslán Kravchenko, su primera adjunta Mariya Vdovychenko y otros empleados de la Oficina del Fiscal General, así como en una casa alquilada por Kravchenko; fuentes de Ukrainska Pravda también mencionan registros en el domicilio del jefe de la Administración Estatal Regional de Odesa, Oleh Kiper.
Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas
Toda la cobertura disponible es ucraniana y divide su atención entre el golpe institucional y la presión política. Los medios subrayan la conmoción en la Oficina del Fiscal General —registros en los despachos del fiscal general, posible despido de siete fiscales y pruebas masivas de polígrafo ordenadas por Kravchenko— y la dimensión patrimonial del caso, con 89,9 millones de grivnas atribuidos al blanqueo de Kropyva y más de 20 millones de grivnas en inversiones inmobiliarias. La investigación periodística de Bihus.Info y otros medios sobre el patrimonio de los familiares de Kropyva ocupa un lugar destacado. Varios medios recogen la voz del politólogo Ihor Reiterovych, que señala que el presidente Volodymyr Zelensky asume responsabilidad política por los cargos expuestos. Al mismo tiempo, se da amplia cabida al marco de Kravchenko —que presenta el caso como presión política y niega cualquier implicación— y a las objeciones formales de la Oficina del Fiscal General a los registros.
Dónde difieren las versiones
Hay cuatro discrepancias relevantes en la cobertura. Primera: sobre la implicación e incluso la desaparición del fiscal general Ruslán Kravchenko tras el inicio de la operación 'Cartago'; Ukrainska Pravda, citando fuentes políticas, informó de que Kravchenko había desaparecido, mientras que la Oficina del Fiscal General lo desmintió y Kravchenko negó haberse escondido o haber estado hospitalizado; la clínica Dobrobut también aseguró que Kravchenko no fue paciente allí el 5 de septiembre, en contra de versiones previas de algunos medios. Segunda: sobre el encuadre y la justificación de los registros nocturnos de NABU en la Oficina del Fiscal General; Kravchenko afirmó que los detectives de NABU saltaron la valla del edificio para no comunicar a la seguridad los despachos que iban a registrar, mientras que la Oficina del Fiscal General sostiene que la resolución judicial no contenía datos que vincularan a Kravchenko con la facilitación de la actividad de los centros de llamadas o con el cobro de fondos. Tercera: sobre la responsabilidad de Serhiy Kutsyi; la Fiscalía sostiene que Kutsyi recibía dinero de personas vinculadas a los centros de llamadas y lo transfería a Kropyva, mientras que la defensa afirma que no existen pruebas de que Kutsyi 'protegiera' a los centros de llamadas ni percibiera beneficios ilícitos. Cuarta: sobre la identidad de la figura apodada 'Shef' en las grabaciones de NABU; la investigación la describe como un ex jefe del Servicio Tributario del Estado, cargo que Kravchenko ocupó entre diciembre de 2024 y junio de 2025, extremo que las propias fuentes presentan como una disociación pendiente de confirmación.
Contexto
La operación 'Cartago' fue anunciada el 4 de septiembre por NABU y SAP y gira en torno a una organización criminal supuestamente liderada por un cargo de la Oficina del Fiscal General que 'protegía' una red de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los beneficios. El 6 de septiembre, el ВАКС envió a Kropyva a prisión preventiva hasta el 2 de noviembre con fianza alternativa de 120 millones de grivnas; se le sospecha de protección de centros de llamadas y blanqueo de más de 89,9 millones de grivnas, y figura en las grabaciones de NABU con el alias 'Kantsler'. El 7 de septiembre, el mismo tribunal envió también a prisión preventiva a Yelyzaveta Ivakhnenko ('Muza'), pareja de Kropyva, durante 60 días con fianza de 20 millones de grivnas. NABU expuso a cinco personas por los artículos 255 y 209 del Código Penal ucraniano, que prevén hasta 15 años de prisión. Hacia la medianoche del 5 de septiembre, los detectives de NABU realizaron registros en despachos utilizados por el fiscal general Ruslán Kravchenko, su primera adjunta Mariya Vdovychenko y otros empleados de la Oficina del Fiscal General, así como en una casa alquilada por Kravchenko; fuentes de Ukrainska Pravda también reportaron registros en el domicilio del jefe de la Administración Estatal Regional de Odesa, Oleh Kiper. Kravchenko niega toda implicación, afirma carecer de estatus procesal en el caso y presenta la situación como presión política; la Oficina del Fiscal General discrepa cuestionar las pesquisas, señalando que la resolución judicial no contenía datos que vincularan a Kravchenko con la facilitación de los centros de llamadas. Kropyva tiene 42 años y antes fue adjunto del jefe de la Administración Estatal Regional de Odesa, Oleh Kiper, en materia de desarrollo digital (2023–2024) y ocupó cargos directivos en la Policía Cibernética antes de 2022.