El Tribunal Anticorrupción de Ucrania mantiene en prisión al ex funcionario Serhiy Kropyva en el caso 'Cartago'

Por qué importa

El caso involucra a un alto funcionario de la Fiscalía General, la institución encargada de perseguir la corrupción en Ucrania, y se enmarca en la operación 'Cartago' de la NABU y la SAPO, que sacó a la luz una presunta organización criminal vinculada al soborno procedente de centros de llamadas fraudulentos. La inusual fianza de 120 millones de grivnas refleja la gravedad que la acusación atribuye a los hechos. Además, los registros afectaron a dependencias utilizadas por el fiscal general Kravchenko, lo que convierte esta causa en un caso anticorrupción que alcanza al liderazgo del propio ministerio público.

Qué ha ocurrido

El 16 de septiembre, la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior Anticorrupción (ВАКС) rechazó la apelación de la defensa de Serhiy Kropyva y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva con fianza alternativa de 120 millones de grivnas. Kropyva, identificado como ex subjefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General, había sido detenido el 4 de septiembre por la NABU en el marco de la operación 'Cartago'. El 5 de septiembre, la NABU y la SAPO anunciaron la desarticulación de una organización criminal que, según la investigación, estaba encabezada por uno de los jefes de divisiones estructurales de la Fiscalía General. Los sospechosos están acusados de recibir sobornos sistemáticos de centros de llamadas fraudulentos y de legalizar activos.

La defensa pidió al tribunal anular la resolución de primera instancia o sustituir la prisión por arresto domiciliario con brazalete electrónico, y solicitó reducir la fianza de 120 millones a 2 millones de grivnas por considerarla excesiva. La acusación, que inicialmente había pedido 200 millones, sostuvo que los riesgos de fuga, destrucción de pruebas e influencia sobre otros participantes persistían. El fiscal de la SAPO afirmó que Kropyva no estaba en una misión oficial cuando fue detenido en Leópolis, sino de vacaciones, y que no existían documentos que respaldaran el viaje. También señaló que Kropyva no ejercía funciones de fiscal y se dedicaba a su propio enriquecimiento, y mencionó la legalización de unos 41,76 millones de grivnas entre agosto de 2025 y 2026, con otros 40 millones aproximadamente entre 2023 y 2025, así como datos sobre 505 centros de llamadas supuestamente 'amparados' por los sospechosos.

Kropyva negó haber recibido beneficios de los centros de llamadas ni ventajas indebidas del fiscal general, afirmó que parte de las frases de los protocolos no le pertenecían y que 2 millones de grivnas era el máximo que podía aportar. Como no se ha pagado la fianza, Kropyva permanece detenido, y la resolución de la Sala de Apelaciones surtió efecto inmediatamente y no es susceptible de casación.

Cómo lo cuentan las fuentes ucranianas

La prensa ucraniana presenta la historia como una decisión clave de los tribunales anticorrupción del país, destacando los detalles procedimentales del litigio sobre la fianza y los argumentos de la fiscalía sobre los flujos financieros ligados a los centros de llamadas. La cobertura subraya la integridad institucional de la NABU, la SAPO y el ВАКС y la trascendencia de que el caso alcance al propio liderazgo de la Fiscalía General, cuya sede —incluidas dependencias asociadas al fiscal general Kravchenko— fue registrada en el operativo.

Dónde difieren las versiones

Disputa sobre la proporcionalidad de la fianza: la defensa pidió reducirla de 120 millones a 2 millones de UAH, calificándola de excesiva y argumentando que Kropyva no huiría, mientras que la Fiscalía Anticorrupción especializada sostuvo que la fianza estaba justificada por los volúmenes de operaciones financieras y por la persistencia de riesgos de fuga, destrucción de pruebas e influencia sobre testigos, según recoge Ukrayinska Pravda.

Conflicto sobre las circunstancias de la detención del 4 de septiembre: la defensa aseguró que Kropyva estaba en un viaje oficial, mientras que la Fiscalía indicó que la investigación no encontró documentos que respaldaran esa versión.

Contexto

La medida cautelar inicial fue dictada por un juez de instrucción el 6 de septiembre de 2026. La Fiscalía sostuvo la legalización de unos 41,76 millones de UAH en el período agosto 2025–2026 y aproximadamente 40 millones más en 2023–2025. En el expediente figuran datos sobre 505 centros de llamadas supuestamente 'amparados' por los sospechosos y una estimación de alrededor de 7.000 dólares mensuales por centro, hasta 3,5 millones de dólares al mes. Los métodos de legalización incluirían conversión de efectivo a no efectivo a través de empresarios individuales (FOP), registro de activos a nombre de familiares y personas vinculadas, criptomonedas y un fondo de inversión corporativo. Un representante de la Fiscalía General señaló que 2 millones de UAH era el máximo que Kropyva podía aportar y que coincidía con el importe declarado por él. La Fiscalía alegó la persistencia de riesgos de fuga, destrucción de pruebas e influencia sobre otros participantes, incluidas conversaciones grabadas sobre la organización de cruces fronterizos y el ocultamiento de activos.