Ucrania: finaliza la instrucción del caso contra la exviceprimera ministra Stefanishyna por enriquecimiento ilícito

Por qué importa

El caso se dirige contra una exalta funcionaria —exviceprimera ministra, exministra de Justicia y exembajadora ante Estados Unidos— y pone a prueba a las instituciones anticorrupción ucranianas. La construcción de los cargos, articulada en torno a testaferros y familiares —dos apartamentos valorados en casi 11 millones de grivnas, un Mercedes-Benz no declarado, uso no declarado de una vivienda—, ilustra el patrón que las agencias atribuyen a la sospechosa. La fianza, abonada por el bufete «Ilyashev and Partners» y no personalmente por ella, es un detalle inusual que el expediente resalta. Se trata además del segundo proceso penal ligado a Stefanishyna, junto a otro vinculado a presuntas irregularidades en el Ministerio de Justicia de hace más de una década.

Qué ha ocurrido

Las agencias anticorrupción ucranianas NABU (oficina anticorrupción) y SAP (fiscalía anticorrupción) concluyeron la fase de instrucción del proceso penal contra la exviceprimera ministra y exministra de Justicia Olha Stefanishyna. La sospecha versa sobre enriquecimiento ilícito superior a 13,9 millones de grivnas y sobre declaraciones falsas, tipificados en los artículos 368-5 y 366-2, parte 2, del Código Penal de Ucrania.

El expediente se centra en dos apartamentos en el complejo residencial «Faina Town» de Kyiv, registrados a nombre de una amiga cercana y valorados en casi 11 millones de grivnas. La investigación sostiene que la sospechosa utilizó además, en distintos momentos, un apartamento en el complejo de clase alta «Lvivska Ploshcha» (registrado a nombre de su madre) y un Mercedes-Benz GLC 220 d registrado a un subordinado, todo sin declarar. También se le atribuye haber negociado la compra de una casa cerca de Kyiv por unos 550.000 dólares, operación que habría descartado tras su nombramiento como embajadora.

Entre principios de 2024 y mediados de 2025, sus ingresos oficiales rondaron 3,7 millones de grivnas, mientras que solo desde sus cuentas bancarias se gastaron unos 4,2 millones. El Tribunal Superior Anticorrupción le impuso una fianza de 6 millones de grivnas, depositada por el bufete «Ilyashev and Partners». Tras la notificación de la sospecha en agosto de 2026 —poco después de abandonar el cargo de embajadora en Estados Unidos— y ahora con la instrucción cerrada, el caso pasa a manos de la defensa para su estudio, antes de la remisión de la acusación al tribunal.

Dónde difieren las versiones

La defensa y la acusación mantienen versiones opuestas sobre el núcleo del caso. La defensa sostiene que los dos apartamentos de «Faina Town» fueron comprados por la amiga con sus propios ingresos legítimos, que los padres de Stefanishyna acumularon de forma independiente más de 4 millones de grivnas para su propio patrimonio, que la visita a una casa cerca de Kyiv no constituye prueba de compra, y que ni el apartamento ni el Mercedes debían declararse porque no se superaron los plazos legales de uso. La fiscalía, en cambio, considera esos activos como patrimonio no declarado de la sospechosa, con los apartamentos adquiridos mediante una amiga como testaferro.

En el material también figuran dos datos con inconsistencias internas señaladas como disputadas: la fecha atribuida a la adquisición de uno de los apartamentos de «Faina Town» junto con 7 millones de grivnas en efectivo (situada en 2024–2025) y la fecha de la notificación de la sospecha (colocada en agosto de 2026).

Contexto

NABU y SAP son los órganos especializados de investigación y acusación anticorrupción de Ucrania; el Tribunal Superior Anticorrupción es el competente para juzgar estos casos. Stefanishyna concluyó su servicio diplomático como embajadora de Ucrania en Estados Unidos poco antes de que se anunciara la sospecha. En el expediente figura un dato de SAP que sitúa la adquisición de uno de los apartamentos y 7 millones de grivnas en efectivo entre 2024 y 2025, mientras que la notificación de la sospecha se fecha en agosto de 2026, lo que apunta a posibles desajustes temporales en la cronología registrada en el expediente.