Ucrania: anticorrupción concluye investigación por fraude de 254 millones en compra de drones
Las agencias anticorrupción de Ucrania (NABU y SAPO) concluyeron la instrucción de una causa penal por el presunto desfalco de 254 millones de grivnas en contratos de adquisición de drones para las Fuerzas de Defensa, canalizados a través del Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales (Derzhspetszviazok). Según la investigación, los precios superaban entre un 60% y un 90% los del mercado, los ganadores de las licitaciones se fijaban de antemano y los fondos se desviaban a cuentas en el extranjero.
Puntos clave
- NABU y SAPO concluyeron la investigación preliminar por la presunta malversación de 254 millones de grivnas en la compra de drones.
- Los drones se adquirieron a precios entre un 60% y un 90% superiores a los del mercado, según la investigación.
- El Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales compró 400 drones DJI Mavic 3 y 1.300 Autel Evo Max 4T.
- Los ganadores de las licitaciones estaban predeterminados y se usaron empresas controladas para simular competencia.
- Los fondos se transfirieron a cuentas de empresas controladas, incluidas en el extranjero.
- Se han embargado más de 4 millones de dólares en cuentas extranjeras y 17 millones de grivnas en Ucrania.
- Cinco sospechosos —dos funcionarios del Servicio Estatal y tres representantes de empresas privadas— accedieron al expediente; en octubre de 2025 ya se habían notificado sospechas a dos funcionarios y dos empresarios.
Por qué importa
La causa aborda el fraude en las adquisiciones de defensa en tiempos de guerra, un área políticamente sensible del gasto público. La investigación describe una arquitectura de precios inflados, ganadores predeterminados y blanqueo hacia el extranjero, con más de 4 millones de dólares ya inmovilizados. El avance hacia el juicio sienta precedente sobre la capacidad anticorrupción para perseguir esquemas de gran escala en el sector de defensa.
Qué ha ocurrido
Las agencias anticorrupción ucranianas NABU y SAPO finalizaron la instrucción de la causa penal abierta por la presunta malversación de 254 millones de grivnas en contratos de compra de drones para las Fuerzas de Defensa, gestionados por el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales (Derzhspetszviazok) en 2023.
Según los hallazgos de la investigación, las adquisiciones se realizaron a precios entre un 60% y un 90% superiores a las tarifas de mercado. En mayo y septiembre de 2023, los funcionarios del Servicio Estatal firmaron contratos con tres empresas vinculadas para el suministro de 5.100 drones de los modelos DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3 Pro, DJI Matrice M30T y Autel Evo Max 4T. Entre estos figuran 400 unidades DJI Mavic 3 y 1.300 Autel Evo Max 4T.
Los investigadores sostienen que los ganadores de las licitaciones se fijaban de antemano: una de las solicitudes de propuesta comercial se envió al futuro adjudicatario indicando el nombre de la persona jurídica, registrada oficialmente varios días después. Para simular competencia se involucraban otras empresas controladas por los organizadores del esquema.
El dinero obtenido por la sobrevaloración se transfería a cuentas de empresas controladas, incluyendo en el extranjero. Como resultado de las acciones de NABU y SAPO, se embargaron más de 4 millones de dólares en cuentas en el extranjero y 17 millones de grivnas dentro de Ucrania.
En octubre de 2025 se notificaron sospechas a dos funcionarios del Servicio Estatal y a dos representantes de empresas privadas. En agosto de 2026 se agregaron nuevos episodios por otros 164 millones de grivnas, elevando el total a los 254 millones. Los cinco sospechosos —dos funcionarios del Servicio Estatal, dos representantes de empresas y una persona que controlaba efectivamente esas empresas— accedieron a los materiales del expediente para su revisión. Dos de los sospechosos fueron enviados a prisión preventiva por el tribunal.
Contexto
En 2023, el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales de Ucrania recibió unos 30.000 millones de grivnas para la adquisición de drones para las Fuerzas de Defensa. La investigación cubre compras de modelos específicos, entre ellos DJI Mavic 3, Autel Evo Max 4T, DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3 Pro y DJI Matrice M30T.